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El Gobierno revisa las obras de las empresas sospechadas

El gobierno de Mauricio Macri reaccionó con una mezcla de sorpresa y expectativa a la ola de detenciones y pedidos de indagatoria a la expresidenta Cristina Kirchner , su ministro de Planificación Julio De Vido y otros funcionarios del kirchnerismo supuestamente vinculados con el cobro de coimas a empresas constructoras y energéticas contratistas de obra pública.

Además de afirmar que aún es muy pronto para tomar una decisión, desde la Casa Rosada recordaron que el registro de constructores, que depende del Ministerio del Interior, tiene previsto sancionar a las empresas en tres circunstancias. La primera de ellas es una condena judicial, como en el caso de Odebrecht , a la que el Gobierno le suspendió, por un año, las obras en las que estaba involucrada. Las otras dos razones son una “rescisión culposa del contratista” por parte del Estado y una denuncia penal de un funcionario público del Ejecutivo contra una empresa contratista. Por esa vía podría darse la eventual salida de Electronigeniería de las represas Cepernic y Néstor Kirchner si el ministro de Energía, Javier Iguacel , o algunos de sus funcionarios hicieran la denuncia pertinente, o si, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich , hiciera lo propio con Iecsa, a cargo del soterramiento del Sarmiento.

“En estos casos, en donde hay procesamientos, tenemos que esperar la condena judicial para tomar cartas en el asunto”, afirmaron fuentes oficiales.

Gerardo Ferreyra y Luis Neira, empresarios de Electroingeniería, fueron apresados en la madrugada por orden del juez Claudio Bonadio , al igual que Héctor Sánchez Caballero, de la ex-Iecsa, y serán investigados por su presunta participación en las coimas a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner .

Cerca del Presidente relacionaban la aparición de los cuadernos escritos por el chofer de Roberto Baratta , segundo de De Vido, con la actitud del kirchnerismo hacia el empresariado. “Armaron una red donde el que no pagaba estaba terminado”, dijo un asesor presidencial. Y dio como ejemplo empresas de obra pública en Santa Cruz como Kank y Costilla, “que tuvieron que vender para no quebrar”.

Nadie en el Gobierno descarta que la onda expansiva alcance a Iecsa, la empresa constructora del primo de Macri, pero en el entorno presidencial distinguían entre el holding y el propio Calcaterra. “Una cosa es la empresa que tenía y otra él. Hay que ver si los papeles lo incriminan”, relativizaron en un despacho importante.

“Esto es un quilombo muy grande, que no acepta fronteras partidarias”, se sinceró un funcionario, que se mostró “a la expectativa” de que empresarios ligados al kirchnerismo “también paguen por todo lo que se robaron en estos años”.

En la Casa Rosada tomaron nota de la reacción de referentes del kirchnerismo, como la diputada Gabriela Cerruti, para quien el detenido fue la “mano derecha” del Presidente durante los noventa. “No creo que les resulte la estrategia. El que anotaba en los cuadernos parece haber sido muy prolijito”, ironizó un funcionario con despacho en Casa Rosada en relación a Oscar Centeno, el chofer de Baratta y autor de las anotaciones que dieron inicio a un escándalo que promete nuevos capítulos.

La Nación

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