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Lecciones del conflicto con el campo que inauguró “la grieta”

Los productores agropecuarios tiemblan cada vez que oyen hablar de retenciones. Las últimas semanas, mientras se desparramaba el rumor de que el Gobierno desandaría su compromiso de reducir gradualmente las de la soja, el fantasma de la 125 se agitaba en el sector. Distanciado de la Iglesia por la cuestión del aborto y de los militares por el ninguneo y la discriminación salarial, el Gobierno quiso evitar una tormenta perfecta con su núcleo electoral más conservador frente a la amenaza velada de nuevas manifestaciones del campo en desacuerdo con la política fiscal.

Es que la primera lección tal vez no del todo aprendida del conflicto con la 125 es que medidas unilaterales tomadas sin consenso atentan contra la confianza entre los actores de una sociedad. El Gobierno está atormentado por el déficit fiscal y necesita mostrar buenos números para evitar otro torbellino cambiario. El esfuerzo por bajar el gasto público es loable, pero siempre está la tentación de aumentar la carga tributaria para despejar los nubarrones lo antes posible. El Estado tiene una participación promedio en la renta agrícola del 55,8 por ciento: más de la mitad de la utilidad bruta se la lleva el fisco. El sector acaba de soportar la sequía más dura de los últimos cincuenta años, una de las causas de la actual crisis. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la cosecha de soja y maíz se reducirá en 30 millones de toneladas, una pérdida de casi US$8000 millones.

Una mirada de largo plazo y sensible a la dinámica de la primera rebelión fiscal que vivió el país durante el conflicto con el campo de 2008 debería contribuir a evitar un nuevo enfrentamiento. Situaciones similares como el motín del té (Estados Unidos), la marcha de la sal (India) o el grito de Asencio (Uruguay) provocaron cambios estructurales en las configuraciones políticas de esos países, cuya magnitud solo pudo ser percibida con el paso de los años. Estamos en un mes de importantes aniversarios: el 4, la independencia norteamericana; el 9, la nuestra, y el 14, la Revolución Francesa. La dimensión fiscal de dichas gestas es clave para entender su génesis, desarrollo e impacto intertemporal. Y nos remite a esa poderosa y refrescante imagen de simples ciudadanos luchando por sus derechos, construyendo instituciones para evitar los abusos de poder de un Estado grande, sordo, opaco e ineficaz para proveer los bienes públicos esenciales.

Los colonos británicos que sufrían los embates confiscatorios de la corona originaron un lema en la década de 1750: “No puede haber imposición fiscal sin representación política” ( no taxation without representation). La lucha que disparó la resolución 125 dejó otra importante lección: la necesidad de contar con mecanismos de representación idóneos para canalizar las múltiples demandas de la sociedad.

Nuestro sistema de partidos y sus componentes se venían desgastando en el contexto de la incompleta transición a la democracia comenzada en 1983, e implosionaron con la crisis de 2001. De las cenizas de esa desoladora emergencia surgieron los Kirchner y su manejo personalista y discrecional del poder. Reconstruyeron la autoridad presidencial deshecha con el “que se vayan todos”, una crisis de legitimidad sin precedente incubada desde hacía tiempo y expresada en el “voto bronca” de octubre de 2001. Lo hicieron desplegando una vocación hegemónica y un método depredador: agrandaron el tamaño del Estado para comprar y corromper los retazos del sistema político, cooptar medios de comunicación y promover un capitalismo de amigos nefasto y concentrador. Al controlar también a la mayoría de los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, desplazaron a los partidos políticos tradicionales, incluido el PJ, a una irrelevancia casi absoluta.

El Congreso quedó reducido a una mera escribanía del Poder Ejecutivo, la Justicia se amoldó al clima de época y el sistema republicano se hundió en uno de los peores pantanos de nuestra historia contemporánea.

Cuando las instituciones democráticas funcionan muy mal, existen conflictos que conmueven y movilizan, se expande el sentido de injusticia y se percibe que están en juego cuestiones fundamentales como la libertad o la propiedad, los ciudadanos como individuos u organizados en grupos de interés pueden participar políticamente con medidas de fuerza como paros y piquetes. Un derecho constitucional que, como el Estado argentino fracasa sistemáticamente, es muy utilizado en nuestro entorno, generalmente por trabajadores, desocupados o grupos de la izquierda radical. El conflicto con el campo también nos enseñó que esta alternativa es útil para canalizar otra clase de demandas. Muchos estamos cansados de los piquetes que obstaculizan el tránsito de calles, avenidas y rutas del país, es cierto, pero recordemos los “piquetes de la abundancia” y esas rondas de chacareros que entre mates y mensajes de texto forjaron un sentido de pertenencia y unidad.

La dimensión simbólica de la 125 fue también muy especial. La Mesa de Enlace se apropió de los símbolos patrios: del “Ponete una escarapela por el campo” al 25 de Mayo plagado de productores en el Monumento de la Bandera en Rosario. De a poco, se diluyó el estereotipo del grupo de ricachones que defendían intereses concentrados y se afirmó la idea de productores y trabajadores que luchaban por sus derechos y ponían en evidencia los caprichos del poder. Una parte de la Argentina urbana lo interpretó de ese modo y se unió a la vigilia en el Rosedal aquella histórica noche del 17 de julio de 2008, mientras sesionaba el Senado.

La ajustada victoria dejó al campo con la sensación de haber ganado la batalla. Pero fue entonces cuando comenzaron la consolidación política y la radicalización ideológica del modelo K. Surgieron La Cámpora como fuerza “juvenil”, Carta Abierta como reducto intelectual, se confiscaron las AFJP, se impulsó la ley de medios y se conformó una nueva política cultural para recuperar el monopolio de los valores nacionales. Nació la grieta que aún divide a la Argentina y de la que tantos han sacado provecho, incluyendo el actual gobierno. La lección: no basta con derogar una ley para cantar victoria. Se necesitan voluntad y vocación política, perseverancia y recursos económicos para materializar un éxito puntual. El campo no los tuvo, al kirchnerismo le sobraron.

La cadena agroindustrial carece aún de un músculo organizacional adecuado para tener presencia en el debate público y defender sus intereses. Las entidades gremiales agropecuarias no pudieron transformar en peso político y comunicacional lo que conquistaron hace una década en el espacio público. El sector volvió a atomizarse y a ser víctima de una vieja paradoja: ser tan competitivos y eficientes tranqueras adentro permite compensar los costos de coordinarse y los riesgos de hacer lobby.

Muchos jóvenes del interior participaron por primera vez en política, desarrollaron un nueva vocación pública y, más tarde, se involucraron como voluntarios para fiscalizar las elecciones de 2015 y 2017. Muchos argentinos adquirieron una conciencia más clara de su papel como contribuyentes a partir del conflicto con el campo. Un sano e innovador espíritu libertario reclamando austeridad y un achicamiento del aparato del Estado comenzó a conmover la conversación ciudadana.Diez años es mucho tiempo, pero insuficiente para advertir si se trató de una coyuntura crítica. Probablemente veamos otras manifestaciones de esta gesta en el futuro.

La Nación

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