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Tras comprar Monsanto, Bayer insistirá en el cobro de regalías en soja en el país

Un alto ejecutivo de la empresa alemana señaló que no será más flexible que la compañía estadounidense en el reclamo de un sistema de pago para la tecnología

La venta de Monsanto a Bayer no supondrá una flexibilización por parte de esta última empresa del reclamo al cobro de regalías por las innovaciones en la ingeniería genética en semillas en la Argentina. Así lo expresó el jefe de Operaciones Comerciales de Bayer Crop Science, Marc Reichardt, durante un encuentro con la prensa de América latina en un evento de la compañía en su sede en esta ciudad de Alemania.

“Me han preguntado en la Argentina si nosotros vamos a ser más flexibles [que Monsanto]. La pregunta está mal hecha, la pregunta que se tienen que hacer los productores y la sociedad es si van estar dispuestos o no a seguir en el camino de la innovación y del desarrollo”, dijo.

Catalán de origen, Reichardt conoce lo que ocurre en la Argentina, ya que presidió la división agrícola de Bayer entre 1999 y 2002 y luego tuvo las mismas responsabilidades en Brasil y el resto de América latina. Hoy está en el comité ejecutivo a nivel global de la empresa, en Alemania.

“Estamos frente a un mundo que va a traer un montón de cambios en el manejo de la agricultura, en maquinaria y en todo lo que nos podamos imaginar. Si queremos aprovechar ese momento tenemos que desarrollar un marco regulatorio que permita florecer a una sociedad dentro de esa nueva realidad”, señaló el ejecutivo.

El conflicto por la propiedad intelectual en soja y trigo -cuyos granos pueden utilizarse como semillas sin perder calidad en el ciclo de siembra posterior a la cosecha- viene de larga data. La industria de semillas reclama una actualización de la ley de semillas, aprobada en 1973, cuando la biotecnología agrícola no se había desarrollado. La norma permite el uso gratuito de las semillas en las campañas posteriores a su uso. La mayor puja está en la soja.

El conflicto recrudeció el año pasado, cuando Monsanto introdujo en el país la soja Intacta, que le agrega a la resistencia al glifosato el control de insectos, y puso en marcha un sistema de control de grano que provocó el rechazo de las entidades rurales y la desaprobación del Ministerio de Agroindustria, que argumentó que así ocupaba el papel del Estado. Tras esa oposición, la compañía norteamericana retiró del país el desarrollo de otra soja resistente al herbicida dicamba (X-Tend). No obstante, Agroindustria comenzó a restringir el uso gratuito de semillas con la obligación a los productores de informar sobre el uso. Al mismo tiempo, envió al Congreso un proyecto de nueva ley de semillas que apenas comenzó a ser discutido en la Comisión de Agricultura de la Cámara baja. Hace unos meses, Agroindustria propició una negociación entre ruralistas y la industria para llegar a un consenso.

“Tenemos que hablar sin tapujos con los productores para que digan ellos cuánto están dispuestos a pagar por la tecnología”, dijo Reichardt. “Respetamos las decisiones de cualquier gobierno o colectivo social, pero nosotros también consideraremos si nos conviene vender en un país una tecnología por la que no tenemos retorno”, añadió el ejecutivo.

Según sus estimaciones, desarrollar un producto biotecnológico en semillas o un nuevo producto agroquímico lleva alrededor de diez años y una inversión aproximada de 100 millones de euros. “Una compañía como Bayer invierte el 12% de sus ventas en investigación y desarrollo; es entendible que quiera tener un retorno a la inversión”, señaló.

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